El Frente Nacional Antiminero denunció este sábado el despliegue masivo de policías y militares en la comunidad de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, donde el Ministerio de Ambiente impulsa una nueva consulta ambiental para habilitar la fase de explotación del proyecto minero La Plata, a cargo de la transnacional Atico Mining.

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A través de un comunicado, el Frente alertó a la sociedad ecuatoriana y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la creación de “un escenario de represión contra las comunidades campesinas”, acompañando la denuncia con videos difundidos en plataformas digitales que muestran el traslado de efectivos hacia la zona.

Las comunidades señalan que esta consulta repite un patrón histórico de imposición y violencia contra los pueblos indígenas y campesinos. Desde la década de los 90 del siglo pasado, Ecuador ha sido escenario de conflictos entre comunidades rurales y proyectos extractivos, principalmente mineros, que han derivado en desplazamientos forzados, persecución judicial de líderes sociales, criminalización de la protesta y daños irreversibles a ecosistemas frágiles.

Zonas como Intag, Mirador, Río Blanco y Fruta del Norte han registrado enfrentamientos entre fuerzas estatales y pobladores que se oponen a la minería a gran escala.

Organizaciones ambientales y antimineras han denunciado la falta de consultas previas, libres e informadas, en violación de la Constitución ecuatoriana y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de consultar a los pueblos originarios antes de emprender proyectos que afecten sus territorios.

Según estos colectivos, los procesos suelen estar marcados por irregularidades, presiones, cooptación de dirigentes y uso excesivo de la fuerza.

En el caso de Cotopaxi, las comunidades han denunciado desde hace años que la minería amenaza sus fuentes de agua, suelos agrícolas y actividades productivas tradicionales, generando riesgos de contaminación con metales pesados y destrucción de páramos.

Además, han señalado vínculos de intereses entre funcionarios gubernamentales y las compañías extractivas, como Atico Mining, que buscan avanzar en sus operaciones pese a fallos judiciales que en el pasado ordenaron la suspensión de actividades y la desmilitarización del territorio.

En marzo de 2024, Palo Quemado y Las Pampas fueron epicentro de una de las represiones más graves vinculadas a la minería en el país, que dejó heridos y una fuerte presencia militar.

Aquel episodio marcó un precedente de resistencia comunitaria y de judicialización del conflicto, con fallos que inicialmente suspendieron la consulta ambiental pero que fueron revertidos tras presiones políticas y decisiones judiciales posteriores.

El representante del Frente Antiminero, Juan Carvajal, cuestionó que la entidad encargada de preservar el medio ambiente promueva permisos que benefician a las transnacionales, asegurando que las consultas deben ser libres, previas e informadas, y no implementarse cuando un proyecto se encuentra en una etapa de exploración avanzada.

Pese a las denuncias y a la apelación de las comunidades, la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi rechazó sus recursos el pasado 15 de agosto, lo que abrió la vía para que el Ministerio de Ambiente convoque este nuevo proceso consultivo “bajo los mismos parámetros de inconstitucionalidad”, según afirmó el MICC.

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